Las leyes por identidad, los derechos grupales y la promesa del liberalismo

Mark Koyama

En el Japón del siglo XIX, el shogunato fue presionado por las potencias occidentales. Un aspecto conflictivo era la libertad religiosa.

El cristianismo había sido ilegal en Japón durante siglos. Pero, con la apertura de Japón, las potencias occidentales aseguraron con éxito la libertad de religión dentro de Japón para los diplomáticos, comerciantes y visitantes occidentales. El tratado de Harris de 1858 especificaba que “a los estadounidenses en Japón se les debe permitir el libre ejercicio de su religión, y para este propósito tendrá el derecho de erigir lugares de culto adecuados”.

Esto no aseguró la libertad de culto para todos los japoneses. El shogunato podría conceder a los extranjeros libertad de culto. Pero no estaba dispuesto a permitir el proselitismo ni a permitir a los cristianos japoneses. Cuando una comunidad de cristianos japoneses previamente escondidos fue descubierta por misioneros franceses en Urakami, fueron encarcelados y sus capillas saqueadas.

En sus actitudes hacia la religión, el Shogunato se parecía a otros gobiernos premodernos. El defecto era la falta de libertad religiosa. En la medida en la que se permitía la diversidad religiosa, se basaba más en los derechos grupales que en los individuales.

Por el contrario, en el Japón moderno, como en los países occidentales, son los individuos, y no los grupos, los que tienen derechos. El contraste entre el Japón del shogunato y el Japón actual ayuda a ilustrar lo que significa vivir en una sociedad liberal, una sociedad estructurada en torno al ideal de la libertad bajo el imperio de la ley. En Los fundamentos de la libertad, F. A. Hayek escribe: “Lo que distingue a una sociedad libre de otra carente de libertad es que en la primera el individuo tiene una esfera de acción privada claramente reconocida y diferente de la esfera pública; que asimismo, no puede recibir cualesquiera clase de órdenes, y que solamente puede esperarse de él que obedezca las reglas que son igualmente aplicables a todos los ciudadanos”.

El Estado de derecho exige leyes predecibles, estables, generales y aplicables a todas las personas por igual. Dado que las leyes generales son predecibles, las personas pueden planificar sus vidas en torno a ellas. Por lo tanto, el Estado de derecho permite a cada individuo crear una esfera privada para sí mismo y para su familia. Todos son tratados como individuos y no como miembros de un grupo. Esto es una aspiración más que una realidad. Pero es una aspiración que caracteriza a las sociedades liberales y que es ajena a las sociedades no liberales.

El Estado de derecho limita el poder arbitrario del gobierno y es un ingrediente crucial para limitar el poder estatal. Pero también requiere un gobierno con capacidad jurídica y administrativa. Requiere que los tribunales cuenten con jueces imparciales, fuerzas de policía y administradores competentes y no corruptos, y con responsables e informados encargados de la formulación de políticas. El shogunato no era diferente de los Estados europeos premodernos, el mundo islámico o innumerables otros imperios. A lo largo de la historia, lo que importaba era a qué grupo pertenecías. Esto se debió a que la gobernanza se basaba en leyes identitarias.

Las leyes identitarias dependen de la identidad social de las partes implicadas. La religión era una parte importante de la identidad individual. Las leyes identitarias tratan a las personas de manera diferente en función de su religión. Dado que las creencias e identidades religiosas compartidas son cruciales para mantener el orden social, las diferencias religiosas son desestabilizadoras. En un mundo en el que una identidad religiosa común sustentaba no solo las instituciones religiosas, sino también el Estado y la sociedad civil, la libertad religiosa y el liberalismo eran impensables.

Los Estados Unidos, el Reino Unido y otros países occidentales comenzaron a alejarse de las leyes identitarias en el siglo XIX. Fue una ruptura radical con el pasado porque significaba reconstituir los Estados sobre la base de leyes generales, leyes que se aplicaban a todos los ciudadanos por igual. En nuestro nuevo libro Persecution and Toleration (Persecución y tolerancia), Noel Johnson y yo examinamos cómo el cambio de las leyes identitarias hizo posible la libertad religiosa y el orden liberal bajo el cual vivimos actualmente.

Argumentamos que el desarrollo del Estado de derecho en Europa Occidental y América del Norte exigía el desarrollo de Estados que ya no dependieran de la religión para su legitimidad política y que tuvieran la capacidad de hacer cumplir las leyes generales. Este camino fue difícil. Hubo repetidos fracasos antes de que los Estados renunciaran a tratar de eliminar la diversidad religiosa y aceptar los derechos individuales.

En un entorno en el que a menudo se ridiculiza al liberalismo, es importante reafirmar los principios básicos de una sociedad liberal: el Estado de derecho y las leyes generales. Comprender el proceso histórico de cambio institucional a través del cual el liberalismo se hizo posible es un primer paso importante. Esto es lo que buscamos hacer en Persecution and Toleration.

Las leyes identitarias permiten los derechos grupales, pero no los derechos individuales, que requieren protección, en forma de leyes que tratan a las personas en pie de igualdad ante la ley. En Rationalism, Pluralism and Freedom (Racionalismo, pluralismo y libertad), Jacob T. Levy escribe: “Hay una profunda y recurrente tensión dentro del pensamiento político liberal entre ver a los grupos que se interponen entre la persona y el Estado central como lugares donde la gente libre vive sus diversas vidas, y verlos como lugares de tiranía local que el Estado liberal debe ser lo suficientemente fuerte para mantener bajo control”. En una sociedad liberal, los individuos forman, se unen y abandonan libremente una variedad de grupos. Algunos de estos grupos son seculares, otros religiosos; algunos involucran trabajo de caridad o voluntariado, otros comparten aficiones o intereses. Algunos están estrechamente unidos y cohesionados, otros son flexibles y de formas libres. Muchos no están en tensión con la sociedad en general. Pero otros se dedican a actividades que son ampliamente desaprobadas: movimientos religiosos extremistas, deportes peligrosos o actividades sexuales marginales, por ejemplo. Sin embargo, en una sociedad liberal, la libertad de los individuos para realizar actividades que la mayoría desaprueba es crucial. Podríamos considerar tales actividades frívolas, mal concebidas o incluso repugnantes, pero reconocemos que esto no significa que deban ser suprimidas por el Estado.

Diferentes personas estarán en desacuerdo sobre dónde trazar la línea de lo que es incompatible con una sociedad liberal. Tal vez el grupo prohíbe la salida. O tal vez el grupo utiliza la violencia contra sus propios miembros o coacciona a los niños.

Una sociedad liberal puede y debe permitir la existencia de focos de iliberalismo dentro de ella. Pero no puede hacer la vista gorda ante los abusos en esas comunidades, sin socavar sus propios cimientos liberales. Un Estado liberal tampoco puede otorgar poder político a estos grupos iliberales.

Las tensiones entre los derechos grupales y los derechos individuales son objeto de un debate permanente. Sin embargo, surgen problemas cuando se oculta esta distinción: cuando el debate se enmarca únicamente en términos suaves como tolerancia o multiculturalismo, y no en el reconocimiento de este compromiso fundamental.

De hecho, la medida en que, en las sociedades modernas, los derechos de grupo han vuelto bajo la apariencia del multiculturalismo es preocupante. Si bien las patologías del multiculturalismo han atraído la atención de los comentaristas políticos, lo que ha pasado en gran medida desapercibido es el grado en que los derechos de los grupos en la práctica (si no en su justificación) se asemejan a los utilizados por los Estados premodernos en relación con las minorías religiosas. El regreso de las comunidades de fe autogobernadas puede ser visto como un reflejo de un colapso más amplio del Estado liberal moderno.

Los derechos políticos grupales tienen consecuencias políticas. Estas consecuencias se magnifican si los grupos en cuestión tienen valores que están en desacuerdo con los del resto de la sociedad.

Abundan los ejemplos de cómo los Estados liberales han negociado el compromiso entre los derechos grupales y los derechos individuales. En Persecution and Toleration, Noel Johnson y yo documentamos las tensiones que existían entre las comunidades judías y los Estados europeos modernos después de la Ilustración. Para tomar otro ejemplo, en Sacred Liberty (Libertad sagrada), Steven Waldman habla de las tribulaciones experimentadas por los Testigos de Jehová en la América de mediados del siglo XX. Otro ejemplo son los mormones, que renunciaron a la poligamia como condición para su reconocimiento político.

¿Y a día de hoy? Los países occidentales han manejado este compromiso de diferentes maneras. El Reino Unido y los Países Bajos han ido más lejos que Francia o los Estados Unidos en la concesión de derechos grupales a las minorías religiosas.

En los Países Bajos, los derechos de grupo reflejan la práctica de larga data de la pilarización, en virtud de la cual los protestantes y los católicos que convivían juntos desarrollaron instituciones sociales, económicas y religiosas separadas. Historiadores como Joris van Eijnatten consideran que la pilarización es un medio para lograr la concordia entre los diferentes grupos, pero discuten si fue un precursor del liberalismo moderno.

Christian Joppe señala que “aunque nunca se construyó un ‘pilar islámico’, los musulmanes se beneficiaron de un régimen religioso-estatal históricamente acomodaticio”. Las escuelas islámicas están subvencionadas, al igual que las mezquitas. La televisión pública celebra las fiestas musulmanas. “La formación de imanes se imparte en las universidades públicas holandesas. Los capellanes musulmanes son financiados por el gobierno en el ejército, en las prisiones y en los hospitales. Naturalmente, hay tiempo libre para programas islámicos en canales de televisión públicos”. La crítica de esta acomodación política de los derechos de la comunidad musulmana puede provocar acusaciones de islamofobia.

Una dinámica similar es evidente en la relación entre el Estado británico y el Consejo Musulmán de Gran Bretaña (MCB, por sus sigleas en inglés), fundado en 1997. Los sucesivos gobiernos británicos consideraron conveniente tratar con el MCB como representante de todos los musulmanes británicos, por lo que subcontrataron la tarea de representar y gobernar a los musulmanes británicos a un organismo comunitario no electo. Esto continuó a pesar del creciente reconocimiento de que el MCB encarnaba una rama conservadora del islam.

Desde 2010, las actitudes del gobierno hacia el MCB se han endurecido. Pero la dependencia de la comunidad para vigilar a los suyos y vigilar a los radicales y extremistas, en lo que se ha llamado multiculturalismo policial, sigue existiendo. El gobierno británico prefiere no gobernar directamente a los musulmanes británicos, sino confiar en los líderes de la comunidad. Tales políticas tienen consecuencias.

Un ejemplo trágico de las consecuencias de conceder a las comunidades iliberales el derecho a gobernarse a sí mismas en gran medida fue expuesto solo recientemente: las redes de sexo infantiles que existieron durante décadas en muchas ciudades británicas, más o menos sin oposición por parte de las autoridades.

Aunque el número total de víctimas involucradas es de miles — y a pesar de los informes policiales sobre el problema que se remontan a 2002 — , la policía o el gobierno local tomaron pocas medidas. Si bien había muchos factores en juego, esta tragedia fue en parte consecuencia de permitir que una comunidad se gobernara a sí misma. Numerosos informes imparciales, incluyendo el Informe Jay encargado en 2014, detallan cómo el miedo a parecer racista impidió que la policía investigara las acusaciones contra hombres asiáticos (predominantemente musulmanes). La comunidad pakistaní de Rotherham, en particular, protegió sus propias investigaciones y las disuadió.

Mientras algunos comentaristas de la derecha buscaban una explicación en el islam como religión o en el contexto cultural de los perpetradores, una perspectiva institucional más amplia señalaría la forma en que el Estado británico ha intentado tratar con su minoría musulmana. Los concejales locales fueron profundamente cómplices de ignorar las denuncias de las víctimas durante años. Los exámenes de este trágico episodio muestran que no fue el fracaso de un pequeño número de individuos, sino un resultado sistemático y predecible de una política de gobierno delegada. En su mordaz acusación de multiculturalismo en el Reino Unido, en The Tribe, Ben Cobley señala que

Al abstenerse de enfrentarse a la explotación sexual infantil masiva de niñas con problemas en Rotherham y otros lugares de Gran Bretaña, por ejemplo, los trabajadores del sector público pudieron haberle dado el esquinazo a sus brújulas morales. Sin embargo, esta es una respuesta natural cuando su trabajo está tan dominado por los procesos burocráticos […] que ceden la autoridad a los líderes comunitarios, ofreciéndoles a ellos y a sus comunidades protección como una cuestión de derecho. En situaciones de no injerencia doctrinal, sistémica y favoritismo como este, la fuerza del derecho y la igualdad ante la ley se verán afectadas.

Rotherham no fue un incidente aislado. En toda Gran Bretaña, hay casos en los que el Estado de derecho fue abandonado por la policía local, los fiscales y los concejales en respeto a los deseos de las comunidades locales. Esto es lo que puede ocurrir cuando el Estado liberal abandona la responsabilidad de gobernar. Las fuerzas desatadas pueden ser difíciles de contener: cada vez que se rompen historias como esta, alimenta el sentimiento antimusulmán y corre el riesgo de inflamar las tendencias racistas y antiliberales.

En Estados Unidos, las comunidades musulmanas no se han visto relacionadas con escándalos como el de Rotherham. Si bien hay, por supuesto, muchas explicaciones para ello, una de ellas es el diferente entorno institucional al que se enfrentan. Las mezquitas en Estados Unidos compiten en un mercado religioso vibrante, libre de inferencias estatales. Las comunidades religiosas musulmanas no son actores de la política local.

Tratar con la diversidad es difícil. Los Estados europeos premodernos lucharon durante siglos con tensiones entre cristianos y judíos, protestantes y católicos. Tal vez las lecciones de esta experiencia no se han aprendido completamente.

Una narrativa popular atribuye el aumento de la libertad religiosa en Europa Occidental a una mayor tolerancia a nivel individual. La gente llegó a tener menos prejuicios contra aquellos con diferentes creencias. El liberalismo fue el resultado de un cambio en las preferencias subyacentes.

El punto de vista alternativo es que no somos tan diferentes de nuestros antepasados, antepasados que quemaron herejes y brujas. La principal diferencia es que vivimos bajo instituciones que reprimieron con éxito los conflictos religiosos. Estas instituciones se basaron en la separación de la religión y la política y en el reconocimiento de la igualdad de derechos ante la ley. Comprender cómo se produjo esto requiere una apreciación de la historia. Las sociedades liberales son el producto de un largo proceso de cambio institucional. Si las instituciones responsables se desmoronan o se erosionan, no debería sorprendernos ver el retorno del iliberalismo.

Mark Koyama

Mark Koyama es profesor adjunto de economía en la Universidad George Mason, investigador en el Centro de Investigación y Política Económica (CEPR) y Senior Scholar the Mercatus Center. Es el autor (con Noel Johnson) de Persecution & Toleration (Persecución y tolerancia) (CUP, 2019).

Traducciones sobre los asuntos de los hombres, la izquierda liberal, las políticas de identidad y la moral. #i2 @Carnaina

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